Justicia y ADR
En 1991 la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Toledo, la Universidad de Castilla-La Mancha y los Ilustres Colegios de Abogados de Toledo y de Talavera de la Reina formalizan un protocolo de colaboración con el objetivo de difundir, promover e inculcar la cultura del acuerdo mediante la mediación y el arbitraje institucional, conscientes de la necesidad de colaborar con la Administración de Justicia y asistir a las Empresas en sus relaciones comerciales, nacionales e internacionales, como sistemas alternativos de resolución de las diferencias comerciales. Una justicia preventiva y alternativa a los Juzgados y Tribunales.
Desde entonces, la Corte de Arbitraje y Mediación desarrolla su actividad desde la doble vertiente institucional y procesal, de acuerdo con los Programas de Objetivos cuatrienales y los Programas de Trabajo anuales, con el firme propósito, por una parte, de colaborar con profesionalidad y eficacia con los Juzgados y los Tribunales de Justicia y, de otra, mediante la tutela de los derechos del ciudadano-empresario, en los ámbitos materiales que nuestro ordenamiento jurídico admite.
La institución ha firmado más de diez de convenios de colaboración con instituciones y corporaciones representativas de intereses profesionales y sectoriales, para hacer patente su compromiso con la cultura del acuerdo o pacto amistoso, base de los procedimientos de resolución voluntaria de los conflictos que administra. Así mismo, ha organizado seos jornadas académicas y un congreso nacional, y mantiene las expectativas de promover en la sociedad civil, de manera incesante, la necesidad capilar de fomentar la cultura del acuerdo en las relaciones civiles y mercantiles.
Los procedimientos de mediación y de arbitraje están regulados por sus correspondientes reglamentos y la designación del árbitro o mediador se rige por los criterios de profesionalidad, eficacia y especialización, de acuerdo siempre con los principios y los valores superiores de los institutos de la Mediación y el Arbitraje.
En efecto, previa inclusión del acuerdo o convenio arbitral en las relaciones contractuales comerciales y societarias que se redactan en los contratos, las partes deciden libre y voluntariamente someter sus discrepancias, presentes u futuras, a la decisión de un árbitro o mediador, sobre cuestiones disponibles por ley.
La justicia preventiva se asienta en los sistemas de resolución voluntaria de las controversias -Alternative Dispute Resolution (ADR)- que administran las instituciones públicas como la Corte de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio e Industria de Toledo, instrumentos que facilita el Estado para la tutela y la garantía de los derechos de los ciudadanos, mediante el acuerdo o el laudo igual o similar a una sentencia judicial.
La información sobre la Corte de Arbitraje y Mediación y la normativa que regula su doble dimensión institucional y procesal, puede obtenerla si contacta con la Secretaría de la Corte de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Toledo.
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